1.2 Determinantes individuales de las percepciones de conflicto social
1.2.1 Posición de clase
“To say that «class counts», then, is to claim that the distribution of rights and powers over the basic productive resources of a society have significant, systematic consequences at both the micro and macro levels of social analysis” —(Wright, 2005, p. 22).
A pesar de que en las últimas décadas se ha cuestionado profundamente la pertinencia del análisis de clase para explicar los conflictos contemporáneos (Kingston, 2000; Pakulski & Waters, 1996), un amplio conjunto de investigaciones han puesto en duda tales hipótesis al demostrar que las desigualdades de clase siguen siendo relevantes para analizar, al menos desde un plano subjetivo, diversos fenómenos asociados al conflicto social (cf. Dodson, 2017; Edlund & Lindh, 2015; Lindh & McCall, 2020; Wright, 1997). Para la literatura de las percepciones de conflicto, las tensiones entre grupos verticalmente estructurados aluden, principalmente, a conflictos por motivos distributivos sobre dos áreas de la vida social: en el mercado y la producción (Hadler, 2017; Hertel & Schöneck, 2019; Kelley & Evans, 1995). Desde los estudios sobre desigualdades y estratificación social, las perspectivas relacionales del análisis de clase se han enfocado precisamente en estas dos áreas para dar cuenta de cómo las desigualdades de clase se vinculan con los conflictos, destacando las escuelas neoweberianas y neomarxistas (Crompton, 2008). Los primeros hacen un énfasis en las oportunidades de vida para la definición de las clases y los consiguientes conflictos en la esfera del mercado (Breen, 2005). Mientras que los segundos, además de considerar las oportunidades de vida y las disputas en el mercado, dan más importancia a las relaciones de explotación para la determinación de las clases y a los conflictos desarrollados en la producción (Wright, 2015). Por ello, en esta investigación adoptaré una perspectiva de clases neomarxista debido a su mayor capacidad explicativa para abordar el conflicto social.
En la tradición de análisis de clase neomarxista, las divisiones de clase se definen primordialmente en términos del vínculo entre las relaciones de propiedad sobre recursos productivos y las pautas de explotación inscritas en ellas (Wright, 1997). Las relaciones de propiedad se entienden como la desigual distribución de poderes y derechos de propiedad jurídica que permiten a algunos grupos el control efectivo sobre determinados bienes productivos mediante la exclusión de otros de su acceso (Wright, 1994a). Estas relaciones de propiedad actúan como mecanismos que definen, por tanto, diferentes condiciones o posiciones económicas según la posesión de determinados recursos productivos, los cuales Wright (1994a) caracteriza como: (i) medios de producción, (ii) bienes de cualificación y (iii) bienes de organización o autoridad. No obstante, para los marxistas no es suficiente con que existan diferentes relaciones de propiedad puesto que el mecanismo principal que define a las clases sociales son las relaciones de dominación y explotación que se derivan de ellas (Wright, 2005). Tanto la dominación -la capacidad de controlar la actividad de un otro- como la explotación -el logro de beneficios económicos a partir de la actividad laboral de las personas dominadas- son elementos constitutivos de las relaciones de clase ya que se enfocan en las actividades que realizan las personas favorecidas o desfavorecidas por las relaciones de propiedad (Wright, 2015). De tal modo, Wright (1994a, p. 80) define a las clases sociales como “las posiciones dentro de las relaciones sociales de producción que se derivan de las relaciones de propiedad determinantes de las pautas de explotación.” Esto quiere decir que las clases sociales se originan por las distintas formas de explotación que emanan de determinadas relaciones de propiedad sobre los activos productivos, dando lugar a distintas posiciones de clase polarizadas y medias en las sociedades capitalistas contemporáneas (Wright, 1994a).
Existen distintos medios a través de los cuales las desigualdades de clase afectan la vida de las personas, como las economías morales o las identidades de clase, pero uno de los que mayor atención ha recibido por distintas perspectivas corresponde a los intereses materiales (Bottero, 2004; Langsæther & Evans, 2020; Svallfors, 2006). Los intereses materiales se entienden como la búsqueda del bienestar económico -es decir, la mejora de las opciones de consumo, trabajo y ocio- que cada individuo realiza bajo un supuesto racional (Wright, 1997). Los intereses materiales se derivan de la posición de clase de los individuos, y estas posiciones imponen una serie de dilemas y estrategias alternativas a las que estos se enfrentan en la consecución de su bienestar económico (Wright, 2005). Desde una perspectiva marxista7, esto implica que los mecanismos que hay detrás de las desigualdades de clase estructuran o determinan, en parte, las maneras en las que los individuos realizan sus intereses. En efecto, las relaciones de propiedad estructuran lo que la gente posee para poder realizar sus intereses materiales, mientras que las relaciones de explotación, al sustentarse en las interrelaciones continuas de las actividades de las personas, definen lo que estas tienen que hacer para lograr obtener lo que quieren (Wright, 2005).
El enfoque en las relaciones de explotación es lo que diferencia fundamentalmente a la tradición marxista de la weberiana (Wright, 2015). En la tradición weberiana, las clases sociales se originan a partir de mecanismos de exclusión y control sobre recursos económicos en el mercado, y este vínculo define diferentes situaciones de clase, oportunidades de vida e intereses compartidos por sus miembros (Breen, 2005). Bajo este esquema, las oportunidades de vida estructuran los intereses de las personas, las cuales pueden entrar en conflictos por la redistribución de recursos materiales y simbólicos en el mercado en tanto es la fuente de las desigualdades de acaparamiento de oportunidades (Breen, 2005). En cambio, para la tradición marxista las clases sociales -y por consiguiente los intereses de los individuos- no se estructuran solamente por las relaciones de exclusión, sino que también por la explotación. Para que exista explotación debe ocurrir que las posiciones favorecidas por los mecanismos de exclusión se apropien de los frutos de la actividad laboral de las posiciones desfavorecidas por tales mecanismos (Wright, 2015). Esto produce una relación de interdependencia causal inversa entre los intereses materiales de las personas puesto que la consecución del bienestar de los grupos favorecidos se obtiene a expensas de los desfavorecidos. Este principio de bienestar inverso da cuenta del carácter potencialmente conflictivo de la explotación, ya que define una estructura de “intereses antagónicos e interdependientes en la que los logros de los intereses de los explotadores dependen de su capacidad de perjudicar a los explotados” (Wright, 2005, p. 28). La integración de ambos mecanismos de exclusión y explotación es, según Wright (2005), una de las principales fortalezas del esquema marxista pues permite analizar los conflictos sociales en sus ámbitos de mercado y de producción.
¿Cómo las desigualdades de clase afectan percepciones subjetivas? El argumento central de este vínculo es que, si la clase es explicativa de una serie de fenómenos empíricos, lo es por cómo los mecanismos de clase generan intereses materiales, experiencias de vida y acciones de clase que los afectan (Oddsson, 2021; Wright, 1997). En la explicación neomarxista se sostiene que la posición de clase delimita un conjunto de oportunidades y experiencias compartidas por sus miembros, las cuales influyen en sus visiones subjetivas sobre el mundo (Wright, 2005). Esto se debe a un conjunto de micro mecanismos que al combinarse producen tales efectos, estos son: (i) los intereses materiales derivados de la posición de clase, (ii) las experiencias de vida compartidas de clase, entendidas como las formas en que los intereses materiales asientan un conjunto de experiencias sistemáticas que configuran activamente su comprensión común subjetiva, y (iii) las prácticas o acciones pertinentes de clase (Wright, 1997, p. 389). Centrándose en la relación entre los primeros dos mecanismos, puede sostenerse que el puente que conecta a la posición de clase con fenómenos subjetivos, tales como actitudes y percepciones, son los intereses materiales que portan los individuos y que se derivan, precisamente, de las relaciones de propiedad y explotación que dan origen a las clases (Wright, 2005). Dado que la posición subordinada o privilegiada que ocupan los individuos en la estructura de clases genera intereses materiales que son disímiles, las percepciones de las personas tenderían a variar según su posición de clase (Langsæther & Evans, 2020). En ese sentido, y siguiendo la perspectiva marxista de Wright (1997), la posición de clase sería un factor explicativo de las percepciones de conflicto no solo en la medida que define intereses materiales que son diferentes, sino que también potencialmente antagónicos por la explotación, generando variaciones significativas en el nivel de conflicto percibido según la posición de clase que ocupen los individuos.
Las investigaciones empíricas que han analizado la relación entre la posición de clase y las percepciones de conflicto social han llegado a una conclusión relativamente similar: las percepciones de conflicto tienden a aumentar a medida que se “desciende” por la estructura de clases (Edlund & Lindh, 2015; Pérez, 2022). Las investigaciones comparadas más actuales corresponden a los trabajos de Edlund & Lindh (2015) y de Pérez (2022) quienes utilizan distintas adaptaciones de los esquemas neoweberianos y neomarxistas, respectivamente. Analizando 20 países entre 1999 y 2009, Edlund & Lindh (2015) demuestran que los individuos que pertenecen a las posiciones de clases más bajas (como los trabajadores manuales y trabajadores no calificados) perciben mayor conflicto social en comparación a las demás clases. Por su parte, las posiciones típicamente asociadas a las clases medias (profesionales menos cualificados y trabajadores no manuales), también perciben mayor conflicto que las clases altas (profesionales cualificados y propietarios), pero esta percepción es menor en comparación a las clases más bajas. Un elemento a destacar es el caso de la clase de autoempleados puesto que, a diferencia de la tendencia general, los individuos pertenecientes a esta clase perciben mayores conflictos sociales que aquellos pertenecientes a posiciones de clase media como los profesionales bajamente cualificados (Edlund & Lindh, 2015). Más recientemente, Pérez (2022) analiza el rol de la posición de clase en la percepción de conflicto laboral en 33 países, encontrando que los individuos pertenecientes a las clases subordinadas (trabajadores no calificados, calificados y supervisores no calificados) tienden a percibir mayor conflicto laboral que las clases privilegiadas (propietarias y pequeños empleadores), mientras que los individuos pertenecientes a las clases medias (supervisores calificados y expertos no directivos) perciben mayor conflicto que las clases privilegiadas pero menor que las subordinadas. No obstante, en esta investigación también es particularmente llamativo el caso de la clase de expertos directivos ya que, comparativamente, tienden a percibir menor conflicto laboral que los individuos de clases medias y subordinadas, lo cual se explicaría según Pérez (2022) por el grado de autoridad que poseen los individuos de esta clase en las relaciones de producción.
La percepción de mayor conflicto social por parte de las clases bajas/subordinadas se debería a que las principales ventajas de las clases altas/privilegiadas se da por la exclusión y explotación de las primeras (Pérez, 2022). A esto se suma que los individuos en las posiciones más bajas de la estructura social tienden a exagerar los contrastes entre grupos dicotómicos, mientras que los individuos en las posiciones más altas se inclinarían a percibir su propia situación como resultado de su esfuerzo y cualificación antes que por la exclusión y menoscabo sobre otras clases (Lindh & McCall, 2020). Por su parte, las posiciones de clases medias tendrían un rol más ambivalente a la hora de identificar conflictos en comparación a las clases más bajas debido a que sus intereses materiales las sitúan en una posición contradictoria que las acerca a la movilidad e inestabilidad en la estructura social (Hertel & Schöneck, 2019).
Otras investigaciones complementarias sobre las preferencias redistributivas y la conciencia de clase respaldan estas hipótesis. Si bien el estudio de las preferencias redistributivas es más cercano a las investigaciones sobre la “política de clases,” forma parte de las expresiones políticas de los conflictos sociales (Oddsson, 2021). Estos estudios han demostrado reiteradamente que, guiados por su interés económico propio, los individuos pertenecientes a las clases más bajas y también medias tienden a preferir mayor redistribución del ingreso que aquellos ubicados en clases más altas (cf. Andersen & Curtis, 2015; Dodson, 2017; Edlund & Lindh, 2015; Lindh & McCall, 2020). Similarmente, investigaciones sobre la conciencia de clase han demostrado que la percepción de oposición de clase se estructura consistentemente según la posición de clase de los individuos. Investigaciones como las de Wright & Shin (1988) en Suecia y Estados Unidos, la de Pérez (2014a) en Chile o la de Wallace & Junisbai (2003) en Indiana han dado cuenta de que la conciencia de oposición de clase es más fuerte entre individuos pertenecientes a las clases bajas/subordinadas en comparación a aquellos pertenecientes a las clases medias, y en especial respecto a los individuos de clases capitalistas/propietarias. En consecuencia, considerando estos antecedentes teóricos y empíricos, se plantea como primera hipótesis de nivel individual de esta investigación que:
\(H_{1}\): Individuos de clase trabajadora (trabajadores no calificados, calificados y supervisores no calificados) tenderán a percibir mayor conflicto social que individuos de clases capitalistas (propietarios, pequeños empleadores y pequeña burguesía).
1.2.2 Membresía sindical
“The structural location of individuals translates into action thanks largely to the influence networks exert over the perception of their own possibilities as well as of their social and political environment” —(Passy and Giugni, 2001, p.130).
Los estudiosos de los movimientos sociales han destacado en varias ocasiones el rol movilizador o potenciador que pueden tener las organizaciones sociopolíticas en el conflicto social, tales como los sindicatos, los partidos políticos y otros grupos o redes de la sociedad civil (Diani & McAdam, 2003). Buena parte de la literatura del conflicto social ha sostenido que el vínculo entre las deprivaciones generadas por la desigualdad y la ocurrencia de los conflictos no es automático, sino que más bien se encontraría mediado por diferentes apoyos sociales, costos y recursos que poseen los individuos (Mccarthy & Zald, 2002). Concretamente, esto se asocia con la pregunta sobre: si las tensiones sociales son constantes, ¿por qué algunos grupos tienden al conflicto mientras que otros no? (Oberschall, 1978). Al respecto, perspectivas como la teoría de movilización de recursos (resource mobilization theory - RMT) sostienen que las organizaciones colectivas de los individuos juegan un rol fundamental en el desarrollo de los conflictos sociales al monopolizar distintos recursos materiales, culturales y socio-organizacionales que facilitan la movilización y/o polarización de los grupos involucrados (Edwards & Gillham, 2013). En este sentido, los individuos que participan en organizaciones sociopolíticas, además de verse expuestos con mayor frecuencia a situaciones conflictivas, experimentarían la socialización de determinados marcos cognitivos, lo cual puede influenciar en gran medida sus percepciones subjetivas sobre distintas temáticas y grupos sociales, e inclusive conducirlos a demostraciones manifiestas de conflicto (Hadler, 2003; McAdam, 2003).
Existen distintas explicaciones sobre cómo las organizaciones intermedias se vinculan con las percepciones subjetivas. Por un lado, se sitúa el argumento frecuente de que los individuos que perciben a determinados grupos como potencialmente conflictivos se inclinarán a participar o formar organizaciones sociopolíticas con el fin de canalizar sus demandas e intereses, enfatizando una relación que va desde el individuo hacia la organización (De Vydt & Ketelaars, 2020). Tal vez el ejemplo más clásico de ello sea la formación de asociaciones sindicales por parte de los trabajadores para defender sus intereses en la relación antagónica entre capital y trabajo (Wright, 2015), pero estas organizaciones intermedias pueden abarcar distintas formas con diferentes grados de formalidad, como los grupos de interés o los movimientos sociales (McAdam, 2003). En cualquier caso, la premisa básica es que aquellos individuos que comparten condiciones de vida o destinos similares tenderían a ‘alinearse’ en una causa común (De Vydt & Ketelaars, 2020), por lo que se presume que quienes poseen actitudes más conflictivas sobre diferentes temáticas formen o participen en estas organizaciones para canalizar sus demandas y actuar colectivamente (McAdam, 2003).
Por otro lado, se encuentran las perspectivas que enfatizan la dirección contraria al argumento anterior, esto es, que las mismas organizaciones intermedias pueden influir en las percepciones de sus miembros (McAdam, 2003; Passy & Giugni, 2001). Al respecto, la teoría de las redes sociales sostiene que las diferencias en las percepciones subjetivas entre quienes son miembros de organizaciones y quienes no lo son se explicaría por razones tanto estructurales como cognitivas (Passy & Giugni, 2001). Primero, los individuos que son parte de organizaciones o cercanos a redes sociales contarían con la oportunidad estructural de involucrarse en distintas situaciones de conflicto, tales como la asistencia a protestas u otras acciones contenciosas (McAdam, 2003). En ese sentido, el término estructural se refiere a la oportunidad de contar con lazos sociales que conecten a los individuos a situaciones de conflicto (Passy & Monsch, 2014). Segundo, los individuos miembros de organizaciones experimentan distintos mecanismos de socialización, tales como la entrega de información (Lim, 2008), el reforzamiento de identidades y valores políticos (Schussman & Soule, 2005), interacciones y emociones cotidianas (Somma, 2010), campos morales (Hegtvedt, 2005), entre muchos otros, que configuran un ‘marco cognitivo’ que influye en la definición de las percepciones y preferencias subjetivas de los individuos (Passy & Giugni, 2001). En esa dirección, el término cognitivo se refiere al conjunto de marcos de significados que son socializados por las organizaciones hacia sus miembros, los cuales pueden ser de un contenido conflictivo (Passy & Giugni, 2001). Así, de acuerdo a esta teoría es esperable que los miembros de organizaciones sociopolíticas como los sindicatos, además de estar conectados a oportunidades de conflicto social, experimenten la socialización de intereses, identidades y valores que los incentiven a percibir a distintos grupos sociales de manera conflictiva (Kerrissey & Schofer, 2013).
Las investigaciones empíricas que han considerado esta dimensión se han centrado generalmente en los sindicatos como organizaciones sociopolíticas que históricamente han potenciado la percepción del conflicto de clases (Hadler, 2003). En un estudio pionero, Hadler (2003) demostró que quienes son miembros de sindicatos tenderían a percibir casi tres veces más conflicto social que los no miembros en 30 países de Europa, América y Asia. Más recientemente, Ringqvist (2020) y Pérez (2022) confirman estos hallazgos en distintos países al concluir que quienes son miembros de sindicatos tienden a percibir mayor conflicto entre trabajadores y directivos de empresa en comparación a quienes no lo son. Similarmente, estudios como los de Pérez (2014a), Wallace & Junisbai (2003) o Wright (1997) muestran que los afiliados a sindicatos tienen mayores probabilidades de percibir oposición de intereses de clases -o mayor conciencia de clase- entre trabajadores y empresarios en distintos países. Esto se debería a que los sindicatos representan una de las tantas formas del poder asociativo que poseen los trabajadores para defender sus intereses materiales y amenazar los intereses de los empleadores (Wright, 2015). Además, los sindicatos buscan representar la “voz” de sus afiliados en el reconocimiento de sus privaciones compartidas y juegan un rol clave en la construcción de solidaridad como base para la acción colectiva (Dixon et al., 2004). En ese sentido, los sindicatos pueden ser vistos como ‘escuelas de guerra’ (Hyman, 2001) en la medida que, por un lado, articulan los intereses y demandas de los trabajadores y, por el otro, cultivan en ellos el desarrollo de identidades, valores y habilidades políticas que potencian su percepción de conflicto en los lugares de trabajo y los movilizan directamente hacia acciones conflictivas (Kerrissey & Schofer, 2018; Ringqvist, 2020).
Para los estudios de la revitalización sindical, esto puede asociarse con los distintos planos sobre los cuales los sindicatos emplean sus estrategias y recursos para revitalizarse (Turner, 2004). Si bien es innegable la pérdida de centralidad que ha experimentado el sindicalismo desde 1980 con las grandes transformaciones productivas y la globalización (Hodder et al., 2017), ello no implica que su rol en el conflicto social haya desaparecido puesto que distintos estudios han demostrado desde los años 2000 una revitalización de la actividad sindical y de la conflictividad laboral en diversos países (Dörre et al., 2009). Estas investigaciones han entregado evidencia respecto a que, adaptándose a sus propios contextos nacionales, las estrategias que emplean los sindicatos para su revitalización contribuyen a fomentar sus recursos de poder en diferentes planos y direcciones; algunos centrados en el lugar de trabajo, otros en el mercado, otros con la sociedad y la opinión pública, y otros en la esfera política y las instituciones (Frege & Kelly, 2003). El grado de alcance de la influencia de los sindicatos en estos distintos planos dependerá, en parte, de su capacidad para integrar a sus agendas otras problemáticas y conflictos sociales que se escapan de los confines del lugar de trabajo (Hyman, 2001), así como también de su fortaleza asociativa en la socialización de valores y actitudes hacia sus miembros (Frege & Kelly, 2003).
Desde una perspectiva complementaria a las investigaciones específicas sobre las percepciones de conflicto, diversos estudios acerca de los movimientos sociales han demostrado que la afiliación sindical se asocia con mayores grados de participación política convencional y no convencional, como la asistencia a protestas y otras acciones contenciosas (cf. Jo & Choi, 2019; Kerrissey & Schofer, 2018; Kitts, 2000). Siguiendo la teoría de las redes sociales, distintos estudios sugieren que los sindicatos actúan como organizaciones intermedias que, además de disponer estructuralmente a sus miembros a la acción colectiva, socializan en ellos habilidades e identidades políticas que los conducen a involucrarse en un amplio rango de actividades políticas y civiles (Kerrissey & Schofer, 2013). Por ejemplo, Kerrissey & Schofer (2018) muestran que la afiliación sindical, en algunos casos, puede llegar a triplicar las probabilidades de que los individuos participen en acciones contenciosas así como en otras formas convencionales de participación política en 60 países. Esto puede relacionarse con lo sostenido por Hyman (2001) sobre el grado de alcance de la influencia de los sindicatos ya que, al extenderse hacia otros planos o niveles de participación política, sobrepasa las problemáticas y conflictos limitados a los lugares de trabajo. De tal modo, y debido a su disposición estructural hacia el conflicto social (Wright, 1997), las distintas oportunidades y marcos cognitivos que los sindicatos entregan a sus miembros facilitan que estos perciban a determinados grupos sociales de manera conflictiva, ya sea al identificarlos como responsables de su propia situación, o bien, como aliados u oponentes en la consecución de sus intereses (van Stekelenburg & Klandermans, 2013). Sobre la base de estos antecedentes, y adoptando la direccionalidad del argumento planteado por la teoría de las redes sociales, se propone la siguiente hipótesis respecto al efecto de la membresía sindical en las percepciones de conflicto social:
\(H_{2}\): Individuos miembros de sindicatos tenderán a percibir mayor conflicto social que individuos que no lo son.
Una posible crítica a esta aproximación es que existe cierta complejidad en analizar fenómenos subjetivos desde una perspectiva marxista, más aún cuando se observan intereses materiales (Brenner, 1988). Esto se debe, principalmente, a la explicación contrafáctica de los intereses de los individuos y a la imputación teleológica de lo que serían sus “verdaderos intereses con una misión histórica” que se ha realizado en la tradición marxista (Bertilsson & Eyerman, 1979). Sin embargo, el concepto de intereses materiales empleado por Wright logra superar estos problemas puesto que se refiere, únicamente, a los distintos dilemas que enfrentan los sujetos en la consecución de su bienestar económico, independientemente de si ello involucra un grado de fidelidad con supuestos intereses “reales” (Wright, 1997, p. 385). Así, Wright comprende que el análisis de las implicancias subjetivas de las desigualdades de clase integra a todos aquellos elementos subjetivos que son pertinentes a los intereses materiales generados por la posición de clase, superando estas complicaciones en la tradición marxista (Pérez, 2014b).↩︎